By Adam Shaw | Fox News
El Departamento de Seguridad Nacional dice que está listo para restablecer la política de "Permanecer en México" de la era Trump a mediados de noviembre en respuesta a una orden judicial confirmada por la Corte Suprema, incluso mientras trabaja para abolir el programa por un método diferente.
Un juez federal ordenó el viernes al gobierno de Biden que "haga cumplir e implemente" lo que formalmente se llama los Protocolos de Protección al Migrante (MPP, por sus pies en inglés) en respuesta a una demanda de Texas y Missouri, que afirmaba que el intento de la administración de poner fin a la política era ilegal y perjudicial. El Tribunal Supremo confirmó el fallo.
MPP fue establecido y ampliado en 2019 por la administración Trump e involucró el envío de migrantes de regreso a México, en lugar de ser liberados en los Estados Unidos, como se escucharon sus procedimientos de inmigración. La administración Biden comenzó a desentrañarlo a principios de este año, incluso en medio del creciente número de migrantes, y lo terminó formalmente en junio antes de que el fallo judicial ordenara una reversión.
Los defensores describieron la política como increíblemente efectiva, al eliminar las solicitudes de asilo falsas o insuficientes sin permitir que las personas ingresaran al país, y una que ayudó a poner fin al proceso de "captura y liberación". En medio de la actual crisis fronteriza, que ha visto a cientos de miles de migrantes llegar a la frontera en los últimos meses, con decenas de miles siendo liberados en los Estados Unidos, los republicanos y los funcionarios fronterizos han instado a la administración Biden a volver a implementar la política.
Sin embargo, los críticos calificaron el proceso de inhumano y que dejó a los migrantes abiertos a la violencia y la explotación en el lado mexicano de la frontera por parte de cárteles y otros criminales, donde los migrantes se reunieron en campamentos de facto.
En una presentación el jueves, la administración Biden dijo que había logrado un "progreso sustancial" en la reimplementación del MPP, incluso cuando dice que está buscando formas alternativas de poner fin al programa.
La presentación dijo que había entablado conversaciones con México, finalizado planes operativos y también ha emitido una orden de tarea para reconstruir las instalaciones de lado blando (que comúnmente se conocían como "carpas judiciales") en Laredo y Brownsville, Texas, por una suma de $ 14.1 millones, con un pronóstico de $ 10.5 millones al mes en costos operativos.
"Como resultado de este progreso, el DHS anticipa estar en condiciones de volver a implementar el MPP a mediados de noviembre dependiendo de las decisiones tomadas por México".
Missouri, quien, junto con Texas, demandó al DHS por el fin del MPP, acusó a la administración de haber "caminado lentamente" el cumplimiento de la orden.
"En abril, demandamos a la Administración Biden por su cancelación de la política de 'Permanecer en México' y ganamos en el tribunal de distrito, la Corte de Apelaciones del 5to Circuito y en la Corte Suprema de los Estados Unidos, requiriendo que la Administración Biden vuelva a implementar la política", dijo el Fiscal General de Missouri, Eric Schmitt, en un comunicado. "A pesar de que varios tribunales ordenaron a la Administración Biden que reimplemente la política, han caminado lentamente en repetidas ocasiones esa reimplementación".
"The ‘Remain in Mexico’ Policy should be implemented today, especially as the crisis at the border continues to worsen every single day. We have taken concrete action to secure the border, it's time for the Biden Administration to do the same," he said.
The DHS filing on Thursday emphasized that "DHS cannot implement MPP without Mexico’s independent decision to accept individuals that the United States seeks to send to Mexico" and will need its concurrence on how many entries will be permitted and who will be accepted for return.
Dicen que México ha identificado una serie de cambios que le gustaría que se hicieran en MPP, incluida una mejor coordinación y una garantía de que los casos generalmente se adjudican dentro de los seis meses posteriores a la inscripción.
En un comunicado, el DHS dijo que está tomando las "medidas necesarias" para cumplir con la orden, a pesar de su apelación y los esfuerzos para poner fin a la política.
"Como se anunció anteriormente, el DHS también emitirá un memorando que ponga fin al MPP", dijo un portavoz, y agregó que no tendría efecto hasta que se levante la orden judicial.