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𝐉𝐔𝐒𝐓𝐈𝐂𝐈𝐀 𝐃𝐄𝐌𝐀𝐍𝐃𝐀 𝐀 𝐓𝐀𝐓𝐀 𝐂𝐇𝐀𝐑𝐁𝐎𝐍𝐈𝐄𝐑, 𝐄𝐋 𝐂𝐀𝐍𝐎 𝐘 𝐌Á𝐒 𝐂𝐎𝐍𝐕𝐈𝐂𝐓𝐎𝐒 𝐏𝐀𝐑𝐀 𝐑𝐄𝐂𝐎𝐁𝐑𝐀𝐑 $𝟑𝟎 𝐌𝐈𝐋𝐋𝐎𝐍𝐄𝐒 El secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli, anunció hoy demandas contra 30 exfuncionarios y contratistas convictos a nivel federal por corrupción en busca de recobrar millones de dólares en fondos públicos. Se trata de 15 recursos legales presentados ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, fundamentados en el Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico, por una cuantía total que supera los $30 millones. Entre los demandados están los exalcaldes convictos Ángel Pérez, de Guaynabo; José Luis Cruz, de Trujillo Alto; Félix "El Cano" Delgado, de Cataño; Eduardo Cintrón, de Guayama; Javier García y Luis Arroyo Chiqués, ambos de Aguas Buenas; Reinaldo Vargas, de Humacao; y Abel Nazario, de Yauco. También demandados quedaron los exlegisladores convictos María Milagros "Tata" Charbonier, Nelson del Valle, Néstor Alonso, así como los contratistas Oscar Santamaría y las empresas JR. Asphalt y Waste Collection. “Vamos a recuperar el dinero del pueblo puertorriqueño y a reclamarles una cuantía que suma tres veces el daño causado por parte de quienes se han apropiado ilegalmente de los fondos públicos. El Código Anticorrupción nos permite reclamar, mediante demandas civiles en la jurisdicción estatal, el dinero público malversado o apropiado ilegalmente, ya sea por parte de funcionarios o personas del sector privado que le han fallado a Puerto Rico. La indemnización monetaria es equivalente al triple del daño económico ocasionado al Gobierno de Puerto Rico mediante actos de corrupción”, expresó el secretario de Justicia. A los fines de asegurar el pago de las sentencias, el Código Anticorrupción establece que el Estado podrá solicitar al tribunal cualquier orden provisional que sea necesaria. “El tribunal podrá conceder cualesquiera de los remedios provisionales dispuestos en las Reglas de Procedimiento Civil incluyendo sin que se entienda como una limitación el embargo, el embargo de fondos en posesión de tercero y la prohibición de enajenar”, lee el estatuto. “Con esta acción enviamos un mensaje claro y contundente de que la corrupción tiene consecuencias severas en Puerto Rico. Esperamos que sea un disuasivo el tener que devolver con creces lo que le han robado al pueblo que depositó su confianza en muchos de ellos. Cuando lo comiencen a sentir en sus propios bolsillos y tengan que pagar con su patrimonio, lo pensarán mil veces antes de tocar el dinero que les pertenece a los ciudadanos, a quienes les fallaron”, destacó el titular de Justicia Ver menos