Puerto Rico:contrato de Cidra para dejar embrolla'o al gobierno con un préstamo millonario
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El Banco de Desarrollo Económico extendió un préstamo al convicto contratista Oscar Santamaría Torres que no pagó y que estaba basado en las ganancias que tendría en contrato altamente cuestionado en el Municipio de Cidra.
Por: Oscar J. Serrano
Publicado: Dec 15, 2021
El exalcalde de Cidra, Javier Carrasquillo Cruz.
Foto: Juan R. Costa / NotiCel
El Banco de Desarrollo Económico (BDE) extendió un préstamo durante la Administración García Padilla al convicto contratista Oscar Santamaría Torres que estaba basado en las ganancias que tendría con el contrato de su empresa en el Municipio de Cidra. Ahora, el impago de ese préstamo desató una carrera legal para poder conseguir alguna forma de cobrar la deuda ya que las propiedades que lo garantizaban pueden caer bajo el caso federal de corrupción por el que se declaró culpable.
Los detalles del préstamo están contenidos en una demanda que sometió el 7 de diciembre pasado la entidad PR Recovery and Development JV LLC (PRRD), que es la que adquirió la cartera de préstamos morosos del BDE para cobrarlos. El préstamo fue aprobado el 4 de junio de 2015, bajo la jefatura en el banco de Joey Cancel, por un total de $1,350,000 y, al día de hoy, todavía debe $702,514.05. Además de ese principal sin pagar, la demanda añade $129,232.70 por otros conceptos para un total de $831,746.75.
Durante la Administración García Padilla, Waste Collection tuvo el beneficio de ese préstamo en el BDE y también de incentivos bajo la Ley de Empleos Ahora ($112,386.60) y para Pequeñas y Medianas Empresas ($75,504) a través del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos cuando lo dirigía Vance Thomas.
En otro ejemplo de la forma en que Santamaría Torres mezclaba distintas entidades corporativas que tenía bajo su control, el préstamo del BDE está garantizado por él personalmente, por su bufete Law Affairs PSC, por su alter ego corporativo, Santamaría Corp., por Blue Point Corp. (que según surge de otros casos aparentemente no tuvo actividad real) y propiamente por Waste Collection Corp. De hecho, en los documentos del banco, Santamaría Torres aparece firmando cuatro veces en la misma página, cada firma en función de las distintas entidades que tenía metidas en la transacción.
En cuanto a las colaterales del préstamo, la demanda indica que incluyen una propiedad en el barrio Beatriz de Cidra de 5.3 cuerdas en la que enclavan estructuras comerciales e industriales de 26,000 pies cuadrados y ocho camiones. También está garantizado "con todos los dineros, derechos y créditos percibidos o a percibirse bajo cualesquiera cuentas por cobrar relacionadas al Contrato #2014-000298 con el Municipio Autónomo de Cidra, con vigencia del 16 de febrero de 2015 al 15 de febrero de 2021, hasta la cantidad de $17,000.00 mensuales, enmendado posteriormente para extender su vencimiento al 15 de febrero de 2031".
Esto último significa que Santamaría Torres le tomó dinero prestado al gobierno, a través del BDE, para cumplir con el contrato de recogido de basura que le acababa de dar de manera controversial el exalcalde de Cidra, Javier Carrasquillo Cruz, y las ganancias del contrato era lo que usaría para repagar el préstamo. Arreglos de este tipo son comúnes en el BDE, dijo a NotiCel un exfuncionario de esa entidad. Según la demanda de cobro, surgen de los documentos del préstamo que "el dinero desembolsado a favor de Waste mediante el mismo sería utilizado para la compra de la Propiedad y la compra de camiones, entre otros".
Los abogados de PRRD, del bufete Ferraiuoli LLC, buscan que el tribunal ordene a la compañía permitirles la inspección de las propiedades que garantizan el préstamo, así como que emita un embargo preventivo porque "al presente hay una pesquisa criminal federal en marcha que involucra directamente a los codemandados Waste y Santamaría Torres, este último habiéndose ya declarado culpable de delito, lo cual incrementa sustancialmente el riesgo de que los bienes muebles, incluyendo camiones y vehículos de motor adquiridos con el dinero tomado a préstamo por Waste, y todo el resto de la colateral que sirve de garantía del préstamo objeto de este litigio sean vendidas, transferidas u ocultadas, lo que a su vez pone en riesgo la efectividad de la Sentencia que este Honorable Tribunal pudiese dictar en su día en favor de PRRD".
Tras declararse culpable, Santamaría Torres dijo que había entregado $6 millones a las autoridades federales y que ese era todo el monto del dinero que había ganado por sus actos criminales de soborno a funcionarios públicos.
En el 2014, Santamaría Torres era asesor legal de Carrasquillo Cruz cuando el exalcalde decidió emprender personalmente un proceso de evaluación de proveedores para acabar dándole el contrato a Waste Collection. En una sesión de la Legislatura Municipal el 4 de febrero de ese año, y cuya minuta fue publicada la semana pasada en el portal de Jay Fonseca, el exalcalde del Partido Nuevo Progresista (PNP) se enfrascó en un intercambio contencioso para defender esa evaluación personal que había hecho y su decisión de extender un contrato que le costaba más que con otras compañías. Entre sus justificaciones, estuvieron que Waste Collection le mostró los camiones que tenía, que prometió retener a los empleados del anterior proveedor y que el contrato tenía que ser por siete años, para que la empresa pudiera "recobrar la inversión y obtener el margen de ganancia que ellos requieren". En ese momento, el contrato de Cidra se convirtió en el más extenso que había conseguido la empresa formada en el 2012.
El trámite fue investigado por el Departamento de Justicia, pero fue archivado sin radicación de cargos. Ante una pregunta que partía de estos hechos con el contrato de Cidra, el jefe de fiscales federales, W. Stephen Muldrow, dijo anoche en el programa Rayos X que, si se genera nueva evidencia, sus fiscales podrían radicar un caso, aunque originalmente haya sido archivado en la esfera estatal. Santamaría Torres es ahora cooperador de la fiscalía federal, mientras que Carrasquillo Cruz es ahora la mano derecha del gobernador Pedro Pierluisi Urrutia en el área de municipios como asesor en La Fortaleza.
Dos semanas después de perder las elecciones en noviembre de 2020, Carrasquillo Cruz firmó una extensión del contrato que llevó su vigencia hasta el 2031. Si el exalcalde no hubiera firmado esa enmienda, el contrato hubiera terminado durante las primeras semanas de la incumbencia de su sucesor del Partido Popular Democrático, David Concepción González.
Para ver la demanda de cobro, pulse aquí.
PDF: waste collection pr recovery
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